Escrito por: Edward Briceño, Cristina Condor, Alejandro Peña y Maria Cristina Pastor
NOTA: Este reportaje es una colaboración independiente realizada por un grupo de estudiantes de la UNMSM.
Las opiniones y perspectivas expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición de Checa.pe.
Han pasado casi seis meses desde que el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela dio por concluidas sus actividades en el Perú. El 30 de julio, miles de personas se quedaron varadas, figurativa y literalmente, cuando ya no pudieron retirar sus pasaportes de las oficinas de la embajada venezolana, ubicada en la Av. Arequipa, de Lima. Entre esas personas se encontraba Yasmirna González. Ella es una mujer de 75 años, con dificultades para movilizarse, que esperaba reencontrarse con sus hijos y nietos, quienes viven en España y Chile. La familia planeaba completar el trámite del pasaporte para regalarle un viaje, pero los acontecimientos recientes complicaron ese objetivo.
Con el cierre del Consulado, la alternativa dispuesta por el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), órgano que expide los pasaportes venezolanos, es viajar a Venezuela para completar el proceso. Sin embargo, esto implica enfrentar una serie de requisitos adicionales. Para salir de Perú, Yasmirna necesita un salvoconducto emitido por las autoridades migratorias peruanas. Dicho salvoconducto tiene un costo de S/ 15.20 y requiere haber entrado de manera formal. No obstante, este documento no es suficiente para ingresar a Venezuela. Ahora, por si fuera poco, es necesario tramitar un salvoconducto venezolano en un consulado ubicado en Colombia, lo que añade más costos (de hasta 60 dólares) y tiempo en el proceso.
Existe una alternativa: suspender el trámite iniciado en Perú para reiniciarlo en países que sí cuenten con Consulado —como Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile o Paraguay—, aunque esto represente perder el dinero invertido y comenzar el proceso desde cero. Según María Cova, hija de Yasmirna, viajar “por aire, ida y vuelta, cuesta 600 dólares hasta Colombia”. Eso sin contar el “cómo cruzas a Venezuela». Existe la opción más barata de ir por tierra (con un costo de aproximadamente 300 dólares) aunque este caso también requiere una visa ecuatoriana para atravesar el país. Según el gobierno ecuatoriano, la “Concesión de Visa de Visitante Temporal” es emitida a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior.
Todo esto teniendo en cuenta que, según el SAIME, los costos de emitir el pasaporte ascienden a 200 dólares en Venezuela, más 120 dólares en aranceles consulares. Para muchas familias, estos gastos son inasumibles, sumados a las complicaciones logísticas que enfrentan los adultos mayores (como Yasmirna) y otros migrantes en situaciones vulnerables.
Evidentemente, no existe solamente un problema de retiro de cualquier documento oficial, —como apostilla, repatriación u otros—, sino también es imposible iniciar procesos nuevos.
Hace tres meses, Carlos Fernández, bartender de 26 años, se convirtió en tío de una joven en Valencia, Venezuela, lo que avivó el deseo de reunirse con su familia tras emigrar en 2017. Sin embargo, cuenta con sus documentos nacionales vencidos (tanto pasaporte como cédula de identidad). Ante la carencia, la única alternativa que ofrece el gobierno de su país para aquellos venezolanos que necesiten regularizar sus documentos es que vayan a Caracas a solicitarlos. Pero, a la vez —como en el caso de Yasmirna—, viajar a Venezuela amerita un salvoconducto imposible de obtener para un país sin embajada. Carlos se siente atrapado. Solo le queda el “viaje por trocha”. Irónicamente, debe violar las normativas migratorias si es que quiere respetarlas.
La única salida es nacionalizarse peruano. Esto le permitiría conseguir un pasaporte y viajar legalmente. El problema es que, según Migraciones, uno de los requisitos para nacionalizarse por naturalización —es decir, por haber residido formalmente dos años en el país— es acreditar una solvencia económica mínima de S/. 51,500 anuales.
Si dividimos aquella cifra anual en 12 meses, Carlos debería de ganar un promedio de S/. 4,500 mensuales, y de manera formal, lo cual se convierte en una hazaña hasta para un peruano promedio. Además, esto es especialmente difícil para los venezolanos, ya que según un estudio del 2023 de la Plataforma Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), 9 de cada 100 venezolanos tienen un trabajo formal; y solo el 0.5% logra nacionalizarse.
Las soluciones no parecen llegar todavía. A pesar de haber solicitado una entrevista con la Superintendencia Nacional de Migraciones, el equipo de trabajo de este reportaje no ha recibido respuesta. De parte de la Defensoría del Pueblo, Martín Grados, jefe del Programa de Investigaciones Especiales en Derechos Humanos comenta que “desde la Defensoría, se están haciendo las consultas” para llegar a un acuerdo con “las partes implicadas”.
Al respecto, Garrizon Gonzalez, director de la ONG Unión Venezolana en Perú, detalla que si bien “internamente se han diligenciado algunos trámites que se requieren en algunos ministerios del país (como el Ministerio de Relaciones Exteriores)” estos casos son personales y “no generalizados”.
Cortinas de humo
La tarde del 22 de octubre, desde el Palacio de Gobierno y rodeada de ministros y periodistas, la presidenta Dina Boluarte se dirigía al país para presentar el balance de su gestión, tras cien días de silencio mediático.
“Ahora vamos a hacer un ajuste en Migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”, anunció sin titubear al referirse a las acciones que tomará su gestión para hacerle frente a la ola de criminalidad.
“También, a los señores que alquilan su domicilio, tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a trabajar con la SUNAT de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, agregó, advirtiendo las medidas de fiscalización que se aplicarían a los ciudadanos venezolanos.
Ericka Ponce de León, madre y agente inmobiliaria, escuchó el mensaje de la mandataria desde su domicilio, sin pensar en absoluto que al día siguiente su arrendadora se comunicaría con ella para darle una noticia que cambiaría su situación por completo.
“La propietaria me envió un mensaje diciendo que quería venir a vivir para acá, con todo y que hemos sido puntuales con el arriendo y toda la cosa”. La arrendataria, sin motivo aparente, le solicitó que desocupara el departamento que llevaba rentándole por varios años. Así, Ericka se halló en la difícil posición de informar a su familia que tendrían que emprender nuevamente el tedioso proceso de encontrar un lugar donde vivir siendo venezolanos.
Si bien Ericka tiene nacionalidad venezolana, es peruana de nacimiento. Ella emigró junto a sus padres a territorio bolivariano en los años 80, escapando de la crisis político-económica de aquellos días. Allí se formó profesionalmente y conoció a su acompañante de vida, con quien comparte ahora tres hijas y 32 años de matrimonio. Aunque nacidas en Venezuela, sus hijas tienen doble nacionalidad, así como ella.
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Aquel 22 de octubre, mientras la Presidenta continuaba con el balance de gestión, se oficializaba el Decreto Supremo N° 011-2024-IN, el cual trajo nuevas modificaciones para la norma sobre Migraciones, exhortando el cumplimiento de ciertos requisitos para el arrendamiento a personas extranjeras. Entre estos se encuentran la solicitud de carné de extranjería y la inscripción del arrendatario —y sus acompañantes— en el Registro de Huéspedes. De no cumplirse estos puntos, el propietario del inmueble podría ser sancionado con una multa de hasta 2 UIT, es decir, S/. 10,300.
El anuncio surge en un contexto en el cual, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, durante el 2023, el 95% de las habitaciones urbanas eran informales. ¿Cómo se fiscalizarán estas medidas en un sistema tan precario? La implementación estricta del decreto —como lo anunció la Presidenta— parece improbable. Sin embargo, el impacto de su discurso ya se ha sentido en hogares como los de Ericka.
“Yo no creo que sea una política de persecución, pero sí estigmatiza”, señala el abogado constitucionalista y experto en derecho internacional Raúl Chanamé, con respecto al posible carácter persecutorio de estas nuevas medidas. «Empezamos a tener fobia al migrante porque creemos que todos los migrantes nos están perjudicando” agregó.
El trasfondo del estigma no es nuevo. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP en el 2021, el 86,3% de los encuestados opinaron que la migración venezolana había contribuido a la inseguridad ciudadana. No obstante, un año después, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicaría “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, donde se revelan las siguientes cifras: Sólo el 23 de cada 100.000 venezolanos fueron denunciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, frente a 132 de cada 100,000 peruanos. Ante estos números surgen las preguntas: ¿es este estigma injustificado? ¿A qué factores responde?
“Consideramos nosotros que es a raíz de los medios de comunicación”, responde tajantemente Imy Dong, asesor paralegal de la ONG VeneActiva, destacando el carácter xenófobo de la situación. Según el estudio de la PUCP, durante 2021, el 70% de las notas televisivas y el 80% de las notas en diarios populares que mencionaban a personas venezolanas trataban temas policiales o criminales. En estas historias, los ciudadanos venezolanos eran presentados como victimarios en un 65% de los casos y como infractores de la ley en un 15%. “Hemos visto que (esta medida) se basa en la protección de la seguridad nacional para justificar barreras”, añade Dong.
En la misma línea, Garrizon González, director de la Unión Venezolana en Perú, califica que este tipo de declaraciones políticas pretenden utilizar a la comunidad migrante como “cortinas de humo” para desviar la atención del problema de raíz. “Por ser un grueso que llama la atención, cuando sucede algo dentro de algunos parámetros políticos que necesitan tapar o desviar información, entonces utilizan a la comunidad […] Por esa matriz de opinión que sale desde una jerarquía que tiene voz, entonces, —cuando emiten esa voz— el pueblo escucha y queda eso grabado en él”, comenta.
Por otro lado, Martín Grados se muestra a favor del Decreto Supremo. “Hay una necesidad de la población peruana frente a los temas de inseguridad que exigen al Estado que se tomen algunas acciones. Entonces, entre que sea práctica y aplicable y digamos efectiva, sólo los resultados van a dar la razón o no. Pero creemos también que es una manera de poder hablar sobre cómo están las personas que viven acá y de nacionalidad venezolana. Son las personas que más han identificado cometiendo un delito”, declara.
La familia de Ericka tiene menos de un mes para desalojar el inmueble, un plazo logrado solo después de insistir debido al delicado estado de salud de su madre, que vive con ellos. Se enfrentan de nuevo a una búsqueda que casi siempre ha estado marcada por el rechazo y la desconfianza basadas en la nacionalidad de su esposo. Ahora, con estas nuevas medidas, el panorama se vislumbra aún más sombrío.
Las oportunidades de regularización
En 2017, el —ahora recluido— ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski no solo envió un mensaje de aliento a la población venezolana migrante, sino que también prometió que Perú les brindaría hospedaje y las condiciones de vida digna que en su país no les eran garantizadas. Con dichas palabras, el gobierno peruano asumió un compromiso que, a largo plazo, se ha vuelto cada vez más difícil de cumplir.
La iniciativa de Kuczynski se materializó con la publicación del Decreto Supremo N° 001-2017-IN, con el que la Superintendencia Nacional de Migraciones reglamentó la emisión de Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Este documento, que reemplazó las autorizaciones provisionales de permanencia, permitió a los migrantes venezolanos que ingresaron al país de manera regular hasta el 31 de diciembre de 2018 acceder a servicios de salud, educación y trabajo formal de forma parcial por un año, como un paso previo a la solicitud del Carné de Extranjería.
Aunque el PTP alivió la situación de muchos venezolanos radicados en el Perú, su alcance fue limitado y dejó fuera a un grupo creciente e invisibilizado: los migrantes que ingresaron irregularmente al territorio nacional. No fue sino hasta la promulgación del Decreto Supremo N.° 010-2020-IN que se establecieron medidas concretas para que estas personas regularicen su calidad migratoria. Este decreto sentó bases para la emisión del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que hasta el año pasado era el primer paso para la regularización. Pues tras seis meses de contar con el CPP, los extranjeros podían solicitar la Calidad Migratoria Especial Residente, con la cual se les otorgaba el —tan ansiado y necesario— carné de extranjería.
En 2023, según el Diario El Peruano, casi 200 mil extranjeros obtuvieron el CPP durante el último proceso de regularización migratoria, que concluyó en noviembre. Sin embargo, las ONG legales continúan registrando cientos de casos de personas sin documentación. Migraciones aún no ha reabierto un proceso similar, dejando a miles de indocumentados sin identidad oficial, lo que los obliga a sobrevivir en condiciones informales.
Por otro lado, es una realidad que existe una cantidad ingente de documentos listos para recojo que aún no han sido retirados. En mayo de este año, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú emitió una advertencia: aproximadamente 60 mil carnés de extranjería y permisos temporales de permanencia (CPP) pendientes por recoger serían dados de baja. Para Garrizon González, “el Estado peruano siempre ha dado márgenes bastante interesantes para la regularización”. Al ser preguntado al respecto, el director de la UVP opina que quizás “la dejadez del interesado, o la desinformación, o los temas de trabajo, o sea, de necesidad primaria, como es el trabajo y temas del hogar, no dejan que se tramiten.”
Este equipo de trabajo realizó solicitudes de acceso a la información a la Superintendencia Nacional de Migraciones y al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener información actualizada sobre las condiciones migratorias de los venezolanos en Perú. Solo se obtuvo respuesta del segundo.
La información brindada por Cancillería revela que el grupo de extranjeros más numeroso con condición de refugiado vigente es precisamente el de los venezolanos: se trata de 5,355 personas, en contraste con las 1,849 de otras nacionalidades. Esta cifra representa a todas las personas cuya solicitud de refugio ha sido aprobada a lo largo de más de dos décadas.
Cuando se analiza que la cantidad de solicitantes de refugio, actualizada al 2 de septiembre, tan solo entre 2019 y 2024 —un total de 375,295 personas— es exorbitantemente mayor a la de refugiados, es inevitable cuestionar los filtros y criterios que determinan que una solicitud de refugio sea aprobada por el Gobierno peruano.
Los olvidados
“Las personas que están ingresando a la fecha y que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una residencia, optan por la solicitud de refugio”, indica Imy Dong. El Ministerio de Relaciones Internacionales, mediante la Comisión de Especial para los Refugiados —organismo adscrito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)— es el encargado de otorgar el carné de refugiado. Fundamentándose en el principio de la no-devolución, esta condición migratoria supone para quienes hayan tenido que abandonar su país debido a persecución, violencia u otras amenazas vulneradoras de sus derechos fundamentales acceder a las mismas garantías que el Estado concede a un extranjero residente.
No obstante, al ser un procedimiento humanitario extraordinario, no comparte la reglamentación de documentos como el CPP o el PTP. “Una vez que presentamos la solicitud de refugio no sabemos exactamente cuándo te van a contestar”, señala Dong, respecto a las deficiencias del proceso de solicitud de refugio.
El limbo legal en que se encuentran actualmente algunos migrantes venezolanos los expone nuevamente a la vulneración de derechos fundamentales. Sin la opción de contar con un pasaporte, por el cierre de la embajada de Venezuela en Perú, y mucho menos con una visa, no tienen más remedio que ingresar irregularmente y mantenerse en la informalidad, dado que —de acuerdo con Alexia Obregón— “al día de hoy no existe un mecanismo de regularización”.
Ese es el caso de Wilfredo Caigua. Wilfredo es de ese 60% de venezolanos que trabaja de forma irregular y sin contrato, según R4V. Este joven migrante es ayudante de cocina en una cevichería. Su situación en el país es irregular desde hace cinco meses. Uno de los perjuicios que más le molesta sobre esto es que no sea remunerado con igualdad por su trabajo. “Los peruanos puede que cobren (S/.) 400 y a mi me den hasta (S/.) 300. O hasta incluso (S/.) 250, porque estoy ilegal”, denuncia Wilfredo. De ahí que quiera cambiar su situación migratoria , por lo que le han llegado a ofrecer la “condición” de refugiado por S/. 100 y hasta S/. 200. Sin embargo, la solicitud para dicha condición —y el carné que respalda dicho proceso— es gratuita, según la plataforma del Estado peruano.
Esta demanda desatendida para migrantes como Wilfredo abre las puertas a la falsificación de documentos. De esto da fe la operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía hace un par de meses en San Juan de Miraflores. Allí desarticularon una organización criminal dedicada a vender documentos oficiales (carnés de extranjería, permisos temporales de permanencia, pasaportes y carnés policiales) a venezolanos y otras personas que buscaban mejorar su situación migratoria.
Cabe destacar que ser reconocido como refugiado es un paso importante para un migrante, pues habilita otros derechos cívicos, tales como el otorgamiento de un Carné de Extranjería y facilidades para ejercer una profesión académica.
Otra historia registrada es la de Leonardo León, quien llegó al Perú de Argentina en 2019 para reencontrarse con su pareja. Aunque inicialmente contaba con pasaporte vigente y un DNI argentino, sus intentos por regularizarse fracasaron, y la pandemia en 2020 agravó su situación. Con las fronteras cerradas, Leonardo expuso su caso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La única opción que le dieron fue la de expulsarlo “voluntariamente” del país, e incluso le redactaron una carta para ello. No llegó a aceptar la propuesta; sin embargo, días después se enteraría de que la expulsión había sido expedida.
Ese mismo año, en medio de un operativo en San Juan de Miraflores, un policía le solicitó sus documentos. Leonardo argumentó poseer DNI argentino, a lo que el oficial espetó “pero tú eres venezolano”, procediendo a cortar el documento en su cara. Desde entonces, Leonardo solo contaría con su pasaporte, el cual está vencido desde 2021.
Al exponer su caso ante una abogada de la ONG Unión Venezolana del Perú, la recomendación que recibió fue la de salir ilegalmente del Perú. “Le respondí que nunca había hecho nada ilegal y que me parecía irresponsable que, como abogada y como persona que debería ayudar a alguien vulnerable, me sugiriera algo así”, acota.
Con el fin de la pandemia, Leonardo pudo volver a intentar los procesos de regularización de su condición migratoria. Solicitó el CPP, pero fue rechazado debido al pedido de expulsión del país vigente en su contra. Como última opción, para finales del 2023 atinó a pedir la condición de refugiado otra vez, trámite que sigue en curso.
La falta de documentos en regla ha limitado gravemente a Leonardo León, impidiéndole trabajar formalmente, adquirir bienes e incluso recibir una motocicleta que pagó. Actualmente, solo cuenta con un carné de solicitante de refugio, que suele ser desconocido por las autoridades, lo que lo expone a constantes problemas y discriminación. Mientras espera respuesta de la Cancillería, se sustenta como músico, pero siente hartazgo ante las trabas para regularizarse. “Lo único que estoy pidiendo es el derecho a la identidad para poder hacer mi vida”, expresa.
Cuando se le pregunta sobre si se proyecta continuar en el Perú, menciona resignado: «Eso es como ser masoquista, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo es salir de aquí”.
