Escrito por: Irene Ignacio / Gonzalo Ruiz Tovar
Una persona joven, con dificultades económicas, encuentra una oferta laboral que la ilusiona. Confiada, la acepta y cae en manos de una red de tratantes de personas, que la prostituye o la somete a actividades laborales cercanas a la esclavitud. El hecho se reproduce a diario en Perú, país en el que, según un estudio de la Defensoría del Pueblo y la organización CHS Alternativo, los grupos dedicados a ese delito obtienen al menos 1.300 millones de dólares anuales de ganancias.
La trata de personas es la reclutación, el transporte y la retención de personas a través de la amenaza, violencia física u otras formas de coerción, como el engaño, el secuestro o la generación de deudas, con fines de explotación, según Naciones Unidas.
Perú registró 727 víctimas de trata en el año 2017, 734 en 2018, 509 en 2019 y 372 hasta octubre de 2020, según la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 elaborada por el Ministerio del Interior (Mininter).
A nivel global, de acuerdo con el resumen del Informe Mundial de Naciones Unidas sobre Trata de Personas (2022), el número de víctimas detectadas descendió “por primera vez en 20 años” en el contexto de la pandemia. Solo en América del Sur, en 2020 se redujo en 32% respecto al 2019.
Pero la disminución de casos identificados no significa, necesariamente, menos víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera que esta situación obedece, principalmente, a tres factores: menor capacidad de las instituciones para identificar a las personas afectadas, menor oportunidad de los tratantes para cometer el delito y el desplazamiento de la trata a lugares más recónditos, donde resulta difícil detectarla.
La directora de proyectos de CHS Alternativo, Mercedes Arce, considera que “hay un subregistro muy grande”. Por ese motivo, el objetivo como país no debería ser reducir cifras de indicadores, sino fomentar las denuncias. “No estamos en la etapa de disminuir el número de casos (…), debemos normalizar la cultura de la denuncia” para visibilizar la incidencia de la trata de personas, sostiene.
Arce manifiesta que, en ocasiones, la persona sometida por la trata no se reconoce a sí misma como víctima de un delito porque “el trabajo que se hace es mental”. “Les hacen creer que por lo único que valen es por su cuerpo”. Ahora, esto es peligroso debido a que “la mayoría de las víctimas son autorrescatadas”, de acuerdo con el informe de la UNODC. En los casos detectados entre 2012 y 2022, el 41% consiguió escapar y contactar con las autoridades por iniciativa propia. No hubieran podido hacerlo si no hubieran identificado que estaban siendo explotadas. “Las personas que escapan siempre tienen conciencia de ser víctimas”, expone el informe Buscando Justicia del 2020, de CHS Alternativo.
“Debemos descartar el mito de que los tratantes son desconocidos. En gran parte de los casos, son personas conocidas para la víctima. Los tratantes no parecen delincuentes, se muestran como mujeres u hombres con éxito económico. Así ganan confianza”, anota la experta Maholi Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica Juan Germán Roscio de la organización VeneActiva.
El o la tratante suele ser una persona carismática, que aparenta tener buenas intenciones, capaz de inspirar y ganarse la confianza de la gente. Una forma de captar a sus víctimas puede ser mediante una atractiva oferta laboral, con beneficios muy superiores a los que realmente ofrece el mercado: un empleo como mesera con cinco salarios mínimos, ejemplifica Sánchez. Convence a sus víctimas bajo la promesa de mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo con la plataforma Eso es cuento, “se convierte en parte fundamental de tu instalación en el nuevo destino, organizan todo y te contactan con quién te ayudará y empleará”. Esto se traduce en préstamos económicos y gestión de documentación para el viaje y el alojamiento en el nuevo lugar.
En ese marco, Arce y Sánchez coinciden en la necesidad de educar a las potenciales víctimas para reconocer el peligro. Por ejemplo, mediante la identificación de promesas falsas. Arce, además, propone la “alfabetización digital” para los padres, de forma que puedan monitorear la presencia de sus hijos en redes sociales.
¿Cómo combatir la trata de personas?
La Política Nacional identifica tres factores que ahondan la “persistencia de la victimización por trata de personas”: la limitada vigilancia preventiva, la insuficiente capacidad para la persecución estratégica y sanción del delito, y la débil institucionalidad para la detección y la recuperación de las víctimas.
El abogado Percy Castillo, ex Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos, considera que se deben “incrementar los niveles de prevención”, porque “cuando una víctima ha sido captada y explotada, su vida ha sido dañada a un nivel muy fuerte, difícil de superar”. A la fecha los avances de la Política Nacional son, más bien, “modestos”, apunta.
También “se requiere más compromiso del sector Educación para hablar más del tema con los alumnos”, apunta Castillo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la mayor cantidad de víctimas suele tener educación secundaria (85,3 %), frente a 14,7% que solo tienen primaria y 0,3% que cuentan con educación superior. Así, el colegio es un espacio en el que se puede sensibilizar a los menores sobre las vías de contacto que pueden usar los tratantes.
Para Mercedes Arce, los gobiernos regionales y locales deberían estar involucrados en las etapas de prevención, alerta y fiscalización.
Según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (2017 – 2021), la forma más frecuente de captación es el ofrecimiento de trabajo. El 48,9% de presuntas víctimas de trata entre 2009 y 2014 fue reclutado de esta manera. La segunda modalidad es una oferta económica (3,9%) y la tercera, el convencimiento por parte de algún familiar o amigo (2,7%).
En un contexto de informalidad y precarización laboral, ¿cómo podrían las autoridades debilitar las redes de trata? Conforme a Arce, los gobiernos locales deberían desarrollar proyectos de inversión pública para promover oportunidades laborales y de desarrollo profesional.
Respecto a la fiscalización, las administraciones de regiones y distritos también pueden colaborar con la “identificación de locales nocturnos que no tienen licencia de funcionamiento”, refiere Mercedes Arce.
Por otro lado, en el apartado correspondiente a la insuficiente capacidad para la persecución estratégica, la versión amigable de la Política Nacional establece que una de las dificultades es la falta de un sistema de información que pueda ser utilizado por los miembros del sistema de justicia.
Hace ocho años, en mayo de 2016, el Ministerio del Interior —liderado entonces por José Luis Pérez Guadalupe— anunció que se iban a “unificar los sistemas de información para enfrentar la trata de personas” a través del proyecto INTERTRATA, con el fin de obtener información estandarizada.
En septiembre de 2016, esta vez con Carlos Basombrío a la cabeza, el Mininter informó mediante una nota de prensa que el piloto comprendía 11 distritos de la zona sur de Lima e iba a funcionar hasta diciembre de ese año. Posteriormente, se iba a ejecutar en otras regiones y, más tarde, a nivel nacional.
Pero, a la fecha, no hay rastro de ello. “No tenemos un registro unificado. Subsisten los dos registros, el de la Policía y el del Ministerio Público (SISTRA). Y no hay planes inmediatos para que podamos contar con un solo software”, detalla Percy Castillo.
No tenemos un registro unificado. Subsisten los dos registros, el de la Policía y el del Ministerio Público (SISTRA). Y no hay planes inmediatos para que podamos contar con un solo software”
“El impacto del COVID, la insuficiencia de dinero, de recursos destinados a todo lo que significa lucha contra la trata, disminuyen la posibilidad de que realmente el plan se cumpla”, explica Castillo. “Sin recursos, no hay gestión”, concluye.
Mito y realidad sobre la trata de personas
“Las víctimas no pueden huir porque están encerradas o encadenadas”. No necesariamente. Lo más probable es que las estén sometiendo a través de mecanismos de control psicológico. Según apuntes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las circunstancias que dificultan que la víctima pida ayuda son, por ejemplo, que los tratantes le confisquen los documentos, el desconocimiento del idioma o la amenaza de que vayan a lastimar a su familia.
“El rapto es la forma más usual de que las redes de trata capten a una persona”. La más frecuente en Perú, según datos del Mininter, es la oferta laboral. La Cancillería de Colombia también lista el engaño afectivo.
“Los tratantes son solo hombres y parecen gente de mal vivir”. En América Latina, el 58% de los tratantes condenados en 2020 fueron varones adultos. Las mujeres mayores de edad representaron el 40%, según el informe mundial de 2022 de la OIM. Contrario a la creencia, son personas que suelen inspirar confianza y aparentan tener éxito económico.“La finalidad de la trata de personas es, exclusivamente, la explotación sexual”. No es así. ONU Migración considera que, a nivel mundial, la explotación laboral es mayor a la sexual. En el caso de Perú, el mayor registro de víctimas sí corresponde a la explotación sexual, de acuerdo con CHS Alternativo.
