El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes expresó preocupación por el endurecimiento de las medidas adoptadas por Perú para la migración extranjera, e instó al Gobierno a revisarlas.
Los expertos de diversas nacionalidades que forman el Comité expresaron también preocupación por la xenofobia y la discriminación en Perú contra los migrantes extranjeros, y en particular contra los venezolanos, que constituyen la gran mayoría de ese colectivo.
Las inquietudes fueron expresadas al final de dos sesiones en que una delegación de Perú, presidida por el diplomático Juan Carlos Delgado, expuso lo avanzado en materia de protección a los trabajadores migrantes y sus familias.
Las explicaciones de Perú
La exposición tuvo como base a los documentos elaborados por comisiones intersectoriales formadas en Perú por entes del Estado, instituciones internacionales, organizaciones cívicas, los propios migrantes y otros involucrados, respecto a cómo marcha el país en el tema, qué avances se han logrado y qué cosas hay que corregir o implementar.
Delgado sostuvo en la intervención que el endurecimiento de medidas, que comenzó en 2019 con la exigencia de visa y pasaporte vigente para los venezolanos, obedece a la intención del Estado de tener una migración más ordenada y, por tanto, en mejores condiciones para la regularización y para la integración bajo una gobernanza migratoria “positiva y trasnparente”.
Respecto a las expulsiones y salidas forzadas, Delgado señaló que se han ordenado hasta este año 1.964, en la gran mayoría de venezolanos, pero resaltó que los afectados han tenido acceso a todas las garantías de derechos humanos, como acceder a los expedientes, refutar las causales, presentar pruebas, hacer uso de la palabra y presentar impugnaciones.
El Comité, sin embargo, llamó la atención respecto a que las deportaciones y expulsiones han afectado no solo a venezolanos, sino también a colombianos y haitianos, en una cantidad que consideró “desproporcionada”.
Medidas contra la xenofobia y la discriminación
En cuanto a los otros asuntos sobre el que el Comité expresó preocupación e instó a Perú a adoptar acciones correctivas -la xenofobia y la discriminación-, Delgado sostuvo que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, impulsa campañas tendientes a romper las barreras e integrar a los migrantes con la población local, dentro de una apuesta por la diversidad cultural.
Además, resaltó que el Estado tiene canales para denunciar los casos de discriminación. Esas dependencias, dijo, han atendido hasta ahora 1.024 denuncias, aunque solo un 15 % tienen como protagonistas a extranjeros.
Otras acciones para promover la integración de los migrantes han consistido en explicar en entes públicos y privados la validez de los documentos de identidad derivados de las calidades migratorias, pues muchas veces los encargados de la atención se niegan a admitir cualquiera que no sea el carné de extranjería, y en exponer ante los principales gremios empresariales sobre los beneficios que puede dejar el integrar trabajadores extranjeros.
Colegios, salud, apoyo a víctimas de violencia
Asimismo, en los colegios, dijo Delgado, se promueve el valor de la integración cultural, mientras que ante los organismos financieros se instruye sobre la necesidad de incluir en el sector a los migrantes.
En cuanto al acceso a la salud, Delgado destacó la reciente decisión de permitir el ingreso de extranjeros diagnosticados con tuberculosis o VIH a la atención en el Servicio Integral de Salud (SIS), aunque en forma temporal mientras concluyen su regularización migratoria. En los demás casos sí se mantendrá la atención solo para personas con carné de extranjería.
El portavoz de la delegación peruana resaltó además que los extranjeros están incluidos en las políticas de planificación familiar y que, a través del Ministerio la Mujer, se les da ayuda a víctimas de violencia sexual y de hecho han sido atendidos más de 10.400 casos.
Asimismo, dijo, se les garantiza todos los derechos a los 5.023 extranjeros presos en la actualidad como sentenciados o procesados, de los que 3.640 son venezolanos. Incluso a 1.700 se les ha entregado carné de extranjería, aunque suspendido hasta que recuperen la libertad.
Informe con cuatro años de retraso
Perú, que entregó su primer informe ante el Comité en 2015, tenía que haber presentado el segundo en 2020, pero se fue postergando hasta esta semana por diversos motivos, incluida la pandemia.
Las recomendaciones del comité no son vinculantes, pero se les considera una referencia importante en las políticas migratorias de los países.
Aproximadamente cuatro millones de peruanos viven en otros países en busca de mejores condiciones de vida y ese había sido su papel histórico en la migración. Sin embargo, desde mediados de la década pasada se convirtió además en un país de acogida por la llegada masiva de venezolanos.
Delgado dijo en su presentación que actualmente hay en el país 1,8 millones de venezolanos, aunque otras estadísticas hablan de entre 1,2 y 1,3 millones.
