Tres días antes de la posesión de la presidencia en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado su informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el último periodo electoral. El documento, difundido por Luis Almagro este 7 de enero en X, denuncia que el régimen de Nicolás Maduro «implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder» a lo largo de las elecciones de 2024.
La etapa inicial, preelectoral, consistió en la obstaculización de la participación política de la oposición. Entre las medidas tomadas por el gobierno venezolano, la CIDH listó la inhabilitación de candidatos y los obstáculos para inscribirlos, la no facilitación del voto de los venezolanos en el exterior, las detenciones arbitrarias y el retiro de observadores internacionales. De esta manera, se impidió el desarrollo de elecciones transparentes y justas.
La segunda etapa, alrededor del 28 de julio, estuvo rodeada de «opacidad informativa«. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de transmitir la votación y no presentó los resultados desagregados por mesa de votación. Esta situación generó denuncias de manipulación. En ese escenario, la oposición preparó un plan de acción ante un posible fraude electoral y recolectó más del 80% de las actas. Los votos recogidos resultaron favorables a Edmundo González.
Tras los resultados del Colegio Nacional Electoral (CNE) dando como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, muchos venezolanos salieron a las calles a protestar. En la etapa poselectoral, se realizó «terrorismo de Estado«, según la CIDH. En esta fase, se registró el uso arbitrario de la fuerza, las detenciones masivas y la anulación de pasaportes vigentes.
Se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía".
Ante ese panorama, la CIDH recomienda finalizar la represión política y las detenciones arbitrarias, garantizar la independencia y el equilibrio de poderes, publicar todas las actas de votación y adoptar medidas para una sucesión pacífica.
La yapa: En octubre, la Misión Internacional de Naciones Unidas (ONU) reveló «graves violaciones de derechos humanos en Venezuela«, durante el periodo de las últimas elecciones. En esa ocasión, el grupo presidido por la abogada Marta Valiñas, consideró que existían indicios razonables para creer que el gobierno chavista incurrió en «crímenes de lesa humanidad«.
