A inicios de octubre de 2024, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, planteó una reforma electoral ajustada “a los nuevos tiempos y que castigue severamente a quienes atenten contra la República”.
Consultada sobre el tema, la diputada Ilenia Medina indicó que su partido Patria Para Todos (PPT) había propuesto quitarle la nacionalidad a los venezolanos que “no respetaran” la soberanía del país, un deber impuesto en el artículo 130 de la Constitución de Venezuela.
“Uno de los planteamientos de nuestra gente (del PPT) era retirarle la nacionalidad a aquellos venezolanos de nacimiento que han roto con el vínculo espiritual, jurídico y político, y le han hecho tanto daño al país”, señaló la legisladora el 13 de octubre, en el programa Abriendo Puertas, de Venevisión.
Por eso, la legisladora de la Asamblea Nacional propuso la modificación del artículo 35 de la Constitución venezolana, para que estuviera condicionada al cumplimiento del artículo 130 por parte de los ciudadanos.
Días antes, Edmundo González, el candidato opositor venezolano exiliado en España, había manifestado el 4 de octubre que iba a regresar a Venezuela, a “tomar posesión” del cargo de presidente. Su declaración había sido apoyada por Primero Justicia, desde donde indicaron que iban a “defender el triunfo electoral del 28 de julio”.
“Ellos han decidido golpear a Venezuela, rompieron los lazos jurídicos, rompieron los lazos espirituales con Venezuela. No son venezolanos, para nosotros“, dijo Medina, en alusión a los opositores que no reconocían el gobierno de Maduro.
Sin embargo, existen garantías que salvaguardan ese derecho fundamental.
Garantías del derecho a la nacionalidad
El artículo 35 forma parte del segundo capítulo de la Carta Magna venezolana, referente a la nacionalidad y a la ciudadanía, y garantiza el derecho irrestricto a la nacionalidad por nacimiento tanto a las personas que nazcan en Venezuela como a los hijos de venezolanos nacidos en el exterior.
Dice: “Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.
Además, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el derecho a la identidad permite que las personas tengan una nacionalidad y un nombre desde que nacen.
Pero no solo la misma Constitución defiende el principio fundamental de la nacionalidad (y, por tanto, a la identidad) que se amenaza en Venezuela, sino también el derecho internacional.
Para empezar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) define a la nacionalidad como “el vínculo jurídico político que liga una persona a un Estado determinado”, en la sentencia del Caso Habbal y otros vs. Argentina. Esta relación le permite a la persona ejercer sus derechos y responsabilidades en una comunidad política. De esta manera, la nacionalidad es necesaria para el ejercicio de otros derechos políticos y civiles. Tiene, además, la característica de no ser derogable.
El derecho a la nacionalidad está instituido en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el Pacto de San José determina que todas las personas tienen derecho a una y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. La nacionalidad comprende, también, el derecho a la identidad.
En ese sentido, la Corte IDH estableció en el Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana que, según la Convención Americana, el derecho a la nacionalidad incluye “proteger al individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad”.
Asimismo, los Estados tienen el deber de garantizar de forma indiscriminada este derecho a sus ciudadanos (y también a extranjeros en su territorio).
Anulación de documentos de identificación, la segunda propuesta en la Asamblea
A fines de noviembre, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera instancia el proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y para la defensa de Venezuela. Esta norma “plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones” al país caribeño, de acuerdo con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Durante el debate, la diputada Iris Varela consideró que «traicionar a la patria era como una renuncia a la nacionalidad”. Por eso, propuso la anulación administrativa de los documentos nacionales de identificación de los ciudadanos venezolanos que estén “disparando contra la patria, atentando contra sus instituciones”.
“La Constitución establece, en su artículo 35, que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad”, admitió. “Muy bien, no pueden ser privados de su nacionalidad, pero el Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas, de esas personas que cometan este tipo de delitos contra la patria”, expuso Varela en la sesión del 21 de noviembre.
Para Ítalo Zeballos, coordinador de la clínica jurídica de Encuentros SJM (servicio jesuita a migrantes), de aprobarse esta medida, configuraría una “afectación al derecho de nacionalidad, lo cual dejaría en riesgo de apatridia”.
En la Opinión Consultiva 21/14, la Corte IDH considera que los Estados no deberían adoptar prácticas legislativas que favorezcan el incremento de personas apátridas.
De hacerse efectiva, ¿cómo afectaría esta medida a los venezolanos en Perú?
Recientemente, el 6 de noviembre de 2024, se aprobó un proyecto de ley en el pleno del Congreso que “dispone la expulsión de extranjeros sin identificación”. Este PL, que ya ha pasado al Ejecutivo para ser promulgado, busca sancionar a aquellos migrantes en situación irregular que no presenten un documento de identificación, ante el requerimiento de una autoridad competente, incluso en la vía pública.
Entonces, si el gobierno de Venezuela anulara los documentos de identificación de venezolanos que radican en Perú, ellos tendrían problemas para su proceso de regularización e integración en el país de acogida.
“Si hubiera una afectación masiva a personas migrantes y, por razón de ello, no pudieran acceder a sus células de identidad, sumaría una piedra más al problema que en estos momentos ya tiene la población venezolana en el Perú. Con el cierre del consulado, no pueden optar por documentos sucedáneos de las cédulas de identidad, como es el documento de registro consular, que al menos garantizaba cierta identidad para sus procesos de regularización migratoria”, señaló Ítalo Zeballos.
También podría perjudicar a las personas que tienen procesos de regularización migratoria en proceso. “Para obtener esta regularización van a requerir calificarse nuevamente, lo cual podría traer un problema para poder identificarse”, explicó el especialista de Encuentros SJM.
“Esto agravaría mucho más las medidas que en los últimos dos años el Estado peruano y el Congreso han ido emitiendo en un ejercicio de sanción a la población que se encuentra de manera migratoria irregular. (Ellos) la tendrían mucho más difícil para poder identificarse en la vía pública”, señaló.
Anulación de pasaportes, la medida de Venezuela que ya perjudica a migrantes
Después de las elecciones en Venezuela y el anuncio de Nicolás Maduro como “ganador” por parte del Colegio Electoral, ciudadanos venezolanos denunciaron la anulación de sus pasaportes vigentes.
Checa.pe se contactó con al menos tres personas en esa situación. En el caso de la esposa del activista de derechos humanos Jefferson Díaz, por ejemplo, no podía viajar fuera de Ecuador debido al documento inválido. El comunicador Alfredo Torres, que estaba en Venezuela para ejercer su voto, tuvo que extender su estadía en el país caribeño.
En esa ocasión, la especialista en Migración y Refugio de la ONG VeneActiva, Maholy Sánchez, consideró que la medida consistió en una “estrategia de represión y de represalias contra la población que ejerció el libre derecho al sufragio”, especialmente, contra los migrantes que viajaron a votar.
Asimismo, indicó que representaba una vulneración al derecho a la identidad y el derecho al libre tránsito, ya que los venezolanos en el extranjero corrían el riesgo de ser sancionados por las autoridades migratorias, al identificarse o presentar un pasaporte inválido.
