La implementación de leyes que restringen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales va en aumento en varios países de América Latina. La sociedad civil, los derechos humanos y la libertad de acción se han visto impactadas en países como Nicaragua, Venezuela y más recientemente, en Perú, con la aprobación de un dictamen en el Congreso de la República.
Desde 2022, el gobierno de Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega, implementó una ley que exige a las ONG registrarse bajo condiciones muy estrictas. La legislación, que ha resultado en la cancelación de más de 3.000 organizaciones hasta la fecha, obliga a las ONG a entregar informes detallados sobre sus fuentes de financiamiento y actividades, bajo amenaza de disolución si no cumplen.
Uno de los aspectos de la ley es que el Ministerio de Gobernación tiene la facultad de cerrar cualquier organización si considera que está involucrada en «actividades políticas». Esta medida se ha utilizado para desmantelar las organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos o que apoyan movimientos opositores, limitando severamente el espacio de la sociedad civil.
Félix Maradiaga, excandidato presidencial de Nicaragua y expatriado por el Gobierno de Ortega dijo en exclusiva para Checa.pe, que este tipo de legislación “es una copia idéntica” de leyes contra agentes extranjeros utilizadas por regímenes como los de Rusia, Bielorrusia y China. “El principal objetivo de esta penalización es el financiamiento proveniente de Estados Unidos y Europa”, mencionó.

Para Maradiaga, Rusia, Venezuela y Nicaragua han utilizado la designación de «enemigos del Estado» a ciertas organizaciones internacionales que promueven temas como la lucha contra la corrupción, la asistencia técnica en temas electorales, el fortalecimiento de partidos democráticos, la asistencia a periodistas independientes, el apoyo económico y técnico a grupos estudiantiles, sindicatos independientes o grupos religiosos independientes.
Maradiaga recordó que en 2018 y 2022 se ha llegado al extremo de prohibir una serie de misiones humanitarias internacionales, como Operación Sonrisa, Save the Children, y agencias de cooperación alemana, holandesa y nórdica. “Incluso se ha clausurado organizaciones filantrópicas que históricamente estaban vinculadas al mismo partido sandinista”, detalló.
Caso venezolano
Ali Daniels, abogado y activista de derechos humanos, dijo al portal de Provea que la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones es la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella,” afectará otros derechos porque al hacer imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, impide organizarse y ejercer la soberanía”.
La ley, que fue aprobada el 15 de agosto de 2024, otorga al gobierno de Nicolás Maduro el poder de sancionar o clausurar organizaciones que considere que actúan en «contra de los intereses nacionales», lo que crea un ambiente de autocensura y temor entre las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.

“Estamos hablando de que el impacto en la sociedad civil venezolana sería enorme y no hay que ir muy lejos para ver cómo se traduce eso en una situación en concreto, pues lo tenemos en el caso de Nicaragua, donde las organizaciones de la sociedad civil han sido desmanteladas a costa de un pueblo que tanto las necesitan, a costa de un pueblo que necesita la ayuda de las ONG y que en este momento está desamparado. Entonces, por eso hacemos un llamado para que se entienda que las repercusiones en el pueblo venezolano por la imposición de una ley que pone en peligro a las ONG, es algo que debería ser reconsiderado, vista las terribles consecuencias que eso podría traer, sobre todo, los más perjudicados por la emergencia humanitaria compleja”, explicó Daniels.
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¿Cómo sopesar la propuesta peruana?
A diferencia de Nicaragua y Venezuela, Perú no ha implementado aún una ley tan severa, pero a mediados de este año se aprobó un dictamen que marca el inicio de un proceso de mayor regulación.
En junio de 2024, La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó el dictamen que agrupa el contenido de 5 proyectos de ley. Esto busca modificar un conjunto de artículos de la Ley N.º 27692 “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”.
Uno de los efectos de la presente ley “es que se considera toda organización o entidad que desarrolla activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, en evidente contravención con la Constitución Política del Perú y la Ley de Organizaciones Políticas Ley Nº 28094”.
El principal argumento detrás de la propuesta es el aumento de la transparencia y la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento de grupos criminales. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil han mostrado preocupación ante las similitudes de esta propuesta con las leyes de control más estrictas en otros países, como Nicaragua y Venezuela.
En Perú, la preocupación radica en la posibilidad de que esta regulación sea usada eventualmente para limitar las actividades de las ONG que critican al gobierno o defienden derechos humanos en zonas de conflicto.