Tras las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador y le otorgó las credenciales. Ante ello, la oposición cantó fraude, con base en los resultados de actas que ellos digitalizaron y que le daban la victoria a Edmundo González. Incluso, políticos latinoamericanos cuestionaron los resultados del CNE y la ciudadanía salió a las calles a protestar.
Como respuesta, el líder chavista interpuso un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia el 3 de agosto para que el órgano realice una auditoría del proceso electoral y certifique su “victoria”.
Ese mismo día, la ONG Redes Ayuda denunció que Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, había sido detenido en el aeropuerto de Maiquetía.
Yendri “se dirigía al Comité Interracial en Ginebra por invitación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuando fue informado de que su pasaporte estaba anulado”, reportó la organización. Fue liberado después de varias horas, según el observatorio Acceso a la justicia.
Un mensaje corrió como un río entre la comunidad de venezolanos: “Revisa el estado de tu pasaporte, porque están anulándolos”.
Y era cierto.
Desde el 3 de agosto, personas de nacionalidad venezolana han denunciado en medios de comunicación y redes sociales que su pasaporte ha sido anulado. Checa.pe se ha comunicado con ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, quienes han confirmado esta información.
“En las últimas horas, violando el derecho al libre tránsito y a la identidad de los venezolanos, les ha anulado su pasaporte a decenas de dirigentes políticos, pero también a dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Continúa la represión en Venezuela y, hasta esta fecha que estamos hablando, no han mostrado las actas”, afirmó Eduardo Battistini, dirigente político venezolano y director de un programa de apoyo para venezolanos en Colombia, ese día en Instagram y X.
Asimismo, la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), donde cada venezolano puede ver el estado de su documento, no brindaba ninguna información hasta este viernes 9 de agosto.
Alfredo Salvador Flores, periodista y director de la ONG Ciudadanía sin fronteras, denunció en Instagram y X (antes Twitter) que su pasaporte estaba anulado. Originalmente, su pasaporte se vencía en 2022, pero había tramitado una prórroga que extendía la fecha de vigencia hasta el 2027.
“A esta hora de la noche me entero de que mi pasaporte ha sido anulado. Pude comprobar que su prórroga ha sido dejada sin efecto. Lo denuncio. Esto es un atropello al derecho a la identidad, nos pone a muchos ciudadanos venezolanos casi en condición de apátridas”, indicó el periodista venezolano en sus redes.
Cabe recordar que, en octubre de 2017, ante la falta de material para imprimir pasaportes, el Gobierno venezolano decretó la prórroga de los salvoconductos hasta por dos años. Esta extensión de la vigencia, efectiva a través de una calcomanía en el pasaporte, se realiza cuando el documento está vencido o a punto de vencerse. Actualmente, el periodo de prórroga es de cinco años.
“Yo de hecho ingresé hace dos meses y mi prórroga estaba activa, con un puntito verde. Por eso me sorprendió ingresar a la página web del Saime e identificar que no se veía la prorrogación. (…) O sea, el trámite de la prorrogación, que duraba hasta el 2027, fue anulado y no se encuentra vigente, por lo que mi pasaporte vuelve a estar vencido”, detalló Flores a Checa.pe el 8 de agosto. Añadió que hace tres meses viajó a Costa Rica por temas de trabajo y pudo usar su pasaporte prorrogado sin ningún problema.
Alfredo Flores, quien vive en Perú desde el 2017, no puede salir de Venezuela sin correr el peligro de que le quiten el documento. Incluso, cabe la posibilidad de que lo detengan en el aeropuerto, como sucedió con el activista Yendri Velásquez.
“Hay mucho temor (…). Se ha hablado de fallas en el sistema, se ha hablado de persecución política. Al no saber exactamente las razones de esto, porque no ha habido un comunicado oficial del Gobierno, no sabemos a qué nos estamos enfrentando”, señaló. “Creo que la principal consecuencia es que no puedo salir del país, no puedo retornar a Perú, donde resido”, expuso el comunicador.
Por su parte, Jefferson Díaz, periodista venezolano-ecuatoriano, detalló que tanto su pasaporte como el de su esposa e hijos aparecen como anulados en la plataforma del Saime. “No hay ninguna explicación oficial. ¿Extraoficial? Lo que te puedo decir es que yo aquí en Ecuador soy muy activo con el periodismo de migración (…). Tuve algunos roces con el Consulado de Venezuela aquí en Ecuador, antes de que se fueran”, sostuvo en una entrevista con Fernando del Rincón para CNN.
Checa.pe se contactó con Díaz. Él salió de Venezuela hace ocho años y vive actualmente en Quito, Ecuador.
“El régimen de Venezuela está vulnerando nuestro derecho a la identificación y, por ende, nosotros no tenemos garantías de poder renovar un pasaporte en el exterior. Ahorita, por ejemplo, en Perú, cerraron el consulado de Venezuela, ¿cómo va a renovar la gente un pasaporte allá? Aquí en Ecuador cerraron los dos consulados de Venezuela”, manifestó.
Además del costo del documento, uno de los más caros de la región, se añade la dificultad para algunas personas de que “o no hay consulados de Venezuela en el país donde están o no les permite el sistema del Saime poder renovarlo”, expuso Díaz. “Es casi, casi quedar apátrida”, selló.
En Ecuador, el país en el que vive Jefferson Díaz, no funciona ningún consulado venezolano. El régimen de Nicolás Maduro retiró el personal diplomático y consular en solidaridad con México, cuya embajada en Quito fue invadida por militares en abril de 2024. Además, hasta el día en que lo entrevistamos, el viernes 9 de agosto, la web del Saime no le brindaba la opción de poder renovar su pasaporte.
Díaz y sus hijos, debido a la doble nacionalidad de él, tienen pasaporte ecuatoriano. Pero su pareja no. “Mi esposa solo tiene la nacionalidad venezolana y solo tiene acceso al pasaporte venezolano. Entonces eso nos afecta como familia. Porque en determinado momento, si queremos viajar, si queremos ir a otro destino, mi esposa no tiene un documento de viaje válido. (…) También afecta el tema de que ella no se puede regularizar acá con un pasaporte anulado. Ella ahorita tiene una visa de residencia temporal (…) pero si ella quisiera pasar a una residencia permanente, según la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador, ella necesita un pasaporte vigente”, detalló.
Según su testimonio, se ha comunicado al menos con 10 personas cuyos pasaportes fueron anulados. Algunas están en Ecuador, otras en Chile, Perú o Colombia. “De esas personas te puedo decir que tres no tienen nada que ver con política”, afirmó.
Jefferson Díaz contó que, cuando se iban a cerrar los consulados en Ecuador, en abril de 2024, los funcionarios hicieron una jornada especial para entregar documentos. A algunas de esas personas que recogieron recientemente el pasaporte les cambiaron el estado de vigente a embalado. La categoría de “embalado” significa que el documento será enviado desde Venezuela para su entrega en el consulado. Es decir, aunque tienen el documento en físico, en el sistema del Saime aparece “como si nunca los hubieran entregado”.
En Ecuador también está Luis Magallanes. Él es abogado, dirigente político, coordinador del partido Voluntad Popular y tiene cuatro años viviendo en el vecino país. Además, trabaja en la Asamblea Nacional ecuatoriana. Hasta antes de las elecciones en Venezuela, su pasaporte estaba vigente.
“Justamente después del proceso electoral, al día siguiente hicimos una rueda de prensa (en Quito) y denunciamos el fraude electoral que había en nuestro país. Eduardo Battistini denunció públicamente el tema de la anulación de pasaportes y ahí, inmediatamente, revisé la página (del Saime) y aparecía anulado mi pasaporte”, refirió Magallanes a Checa.pe.
En el caso de Magallanes, a diferencia de Alberto Flores, no se trataba de una prórroga. “Yo tenía pasaporte vigente hasta el 2032. En el 2022 hice mi proceso para obtener pasaporte y me dieron pasaporte por 10 años”, detalló el dirigente político.
“El mensaje que está enviando el régimen es que quienes estamos afuera no podemos volver al país. El segundo mensaje claro es que el derecho a la identidad en Venezuela no está garantizado porque, de alguna u otra manera, el pasaporte, para quienes estamos fuera de Venezuela, es el elemento necesario para cualquier estatus de regularidad”, sostuvo.
Asimismo, el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y candidato en las primarias de la oposición, Andrés Caleca, denunció que su pasaporte fue anulado, a pesar de que su vigencia duraba hasta el 2032. “Así, sin aviso y sin protesto, porque les da la gana, porque les sale del forro: por joder, pues”, tuiteó el 11 de agosto. Para ese día, la red social X ya había sido bloqueada en Venezuela por el Gobierno de Maduro.
La ONG Espacio Público indicó a Checa.pe que, solo en Venezuela, han registrado 16 pasaportes anulados a periodistas y defensores de derechos humanos en el último mes. La principal consecuencia para ellos es que no pueden salir del país caribeño, a menos que tramiten un nuevo pasaporte.
Para Maholy Sánchez, especialista en Migración y Refugio de la ONG VeneActiva, esta medida puede ser considerada una forma de “violencia institucional” o “violencia de Estado” ya que se limita el derecho a la identidad y el derecho al libre tránsito.
“Al tener los documentos anulados, al querer hacer un registro, al querer hacer una validación de una información y esto arroje algún tipo de alerta, las personas corren muchos riesgos de poder ser sancionadas por otros países, por un tema de creer de se están presentando documentos falsos”, explicó.
Manifestó que también era una limitante para las personas que viajaron a Venezuela a ejercer su voto que residen fuera del país, ya que tenían que permanecer allí hasta que puedan tramitar un nuevo documento. En ese sentido, dijo que la anulación de pasaportes era parte de “estrategias de represión y de represalias contra la población que ejerció el libre derecho al sufragio”. “Lo que se está limitando es una salida regular del territorio, (…) es casi un secuestro dentro del territorio porque no podría salir de manera libre”, expuso la especialista legal.
En ese sentido, Maholy Sanchez espera que haya comprensión por parte de las autoridades de los países de acogida sobre lo que puede significar un pasaporte anulado. “Si vemos que puede ser un tema de represalias, de sanciones generalizadas y no son motivos de conductas delictivas, o no son motivos de ser crímenes de lesa humanidad, que sean contradictorios al tema de protección internacional, se debe considerar justamente que se puedan presentar documentos en físico”, planteó.
