La Unión Europea y 30 países de todo el mundo, incluyendo a Perú, emitieron un comunicado conjunto en el que abanderaban, nuevamente, por el respeto a la defensa de los derechos humanos y a la voluntad popular expresada durante las últimas elecciones en Venezuela.
Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos destacaron la participación de los ciudadanos venezolanos en las elecciones del 28 de julio, pero lamentaron que no se hayan publicado los resultados desagregados por mesa de votación.
Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta”.
Asimismo, denunciaron “arrestos y detenciones arbitrarias, muertes, denegación de garantías de juicio justo” contra la oposición y la población civil. Fue en ese contexto, refirieron en el comunicado, que una orden de arresto “obligó” a Edmundo González a abandonar el país.
Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. (…) Exigimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil”.
Los países firmantes pidieron que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos regrese de inmediato a Venezuela” para que pueda terminar su mandato y ejercer su labor. Así también, hicieron un llamado para “restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana” y enviaron un mensaje de solidaridad a los ciudadanos.
La yapa: El gobierno de Dina Boluarte se ha sumado al comunicado conjunto en defensa de los derechos humanos, en el que, además, se pide detener el uso de la violencia contra los ciudadanos. Cabe mencionar que las autoridades de Perú han sido denunciadas ante la Corte Penal Internacional por los hechos que condujeron a la muerte de alrededor de 50 peruanos, producidos en las protestas contra la presidenta Boluarte en los primeros meses de su mandato (diciembre de 2022 a febrero de 2023).
