Con el declarado propósito de contrarrestar la inseguridad, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció unas medidas que apuntan a vigilar a la comunidad migrante extranjera, particularmente la venezolana, lo que incluye controles sobre su situación laboral, condiciones de vivienda y las remesas que envían.
Las medidas rápidamente encontraron críticas entre los expertos: ¿se puede exigir contratos laborales en un país donde tampoco los tienen la gran mayoría de pobladores locales? ¿qué aportan leyes que de hecho ya existen sin mayores resultados y sin mayores posibilidades de fiscalización, como la de los contratos de alquiler o la identificación de huéspedes?
“Estamos de acuerdo con someternos a todas las normativas que sean necesarias, pero no puede haber una imposibilidad de cumplimiento”, afirmó la vicepresidenta de Coalición por Venezuela, Nancy Arellano, en una entrevista con Radio Exitosa.
Razonabilidad y viabilidad de leyes, una responsabilidad de los estados
La abogada venezolana especializada en temas de migración Génesis Hung recordó entretanto que la aplicabilidad de las leyes es una responsabilidad de los Estados, como también lo es la de garantizarles la seguridad a todas las personas que habitan en el territorio, incluidos los extranjeros.
“Las decisiones del Poder Ejecutivo o Legislativo deben ser razonables y debe ser posible su cumplimiento. Con un 75% de informalidad laboral que afecta a todo el Perú, pedir como requisito un contrato de trabajo genera una grave obstaculización al cumplimiento de dicha obligación y hace que la solicitud carezca totalmente de razonabilidad”, le dijo Hung a Checa.pe.
La abogada además alertó sobre riesgos que una medida de ese tipo pueda generar para quienes tengan empleo formal y enfrenten ahora nuevos recelos de los empleadores o para quienes buscan el desarrollo económico a través de sus propios emprendimientos.
Cuestionan efectividad de las medidas anunciadas en la lucha contra la inseguridad
Un punto central de preocupación es si ese tipo de medidas realmente puedan servir para combatir a la delincuencia y para que el Estado cumpla con la obligación de proteger a los ciudadanos, pues la participación de extranjeros en el delito podría estar sobredimensionada por la existencia de lo que Arellano definió en Exitosa como “narrativas que equiparan a la migración con el crimen organizado internacional”.
Hung resaltó en ese contexto, que un estudio de 2023 del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, vinculado al sector Defensa, encontró que solo un dos por ciento de extranjeros en el Perú está involucrado en organizaciones delictivas y que de hecho se trata de personas que en su gran mayoría llegó al país de acogida con antecedentes criminales.
Previamente, un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones y la Fiscalía del Perú determinó que de casi 300.000 denuncias registradas por la Policía en 2020 solo un 0,4% estuvo dirigido contra migrantes venezolanos, lo que relativiza la participación en la criminalidad, si bien la comunidad venezolana no niega que la haya.
“Entonces más bien el Estado Peruano se encuentra con una gran deuda en materia de seguridad, no solo con la población peruana sino también con la población extranjera que se encuentra en territorio peruano, y señalar de manera infundada a supuestos culpables sólo representa un claro flagelo a los derechos humanos y una clara expresión de discurso de odio”, sostuvo Hung.
Fomento de la regularización migratoria, el mejor camino
También Arellano recordó que la inseguridad en territorio peruano afecta en gran medida a extranjeros que han llegado al país para trabajar en forma honrada y que constituyen una amplia mayoría.
En el diálogo con Checa.pe, Hung indicó que un trabajo del grupo Crezco encontró que la inseguridad es el principal problema para el 81% de los venezolanos en el Perú, “y estamos hablando de personas que trabajan, pagan impuestos y producen crecimiento económico para el Estado peruano, que por principio internacional merecen ser protegidos”.
Tras rechazar la criminalización de la migración, Arellano y Hung coincidieron en que lo más adecuado para enfrentar a las bandas criminales con participación de extranjeros es fomentar la regularización migratoria, mediante la facilitación de procesos y otros estímulos, pues ello permitirá aislar más a las minorías al margen de la ley.
