El nuevo paro nacional de transportistas ha sido convocado para que coincida con el desarrollo del Foro Económico Asia Pacífico (APEC). Así, un sector de la población alista una paralización de 72 horas para el 13, 14 y 15 de noviembre, en la cuarta jornada de movilizaciones ciudadanas de este año en contra de las extorsiones.
“Estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con esta lacra social que es el crimen de la extorsión, el asesinato. Seguiremos afianzando la presencia de la Policía, del Ejército”, prometió Dina Boluarte un día antes del tercer paro de transportistas, hace más de dos semanas.
Asimismo, dirigió la atención hacia “los delincuentes extranjeros”. “A ellos les decimos: los botaremos del territorio nacional, no les vamos a permitir que se queden un día más”, dijo la mandataria en conferencia de prensa ese martes 22 de octubre.
Además del discurso del Ejecutivo, existe una percepción en la ciudadanía que vincula a los venezolanos con la inseguridad ciudadana.
Pero ¿qué dicen las cifras sobre la extorsión? ¿Cuántos condenados hay en el país por este delito? ¿Cuántos son nacionales y cuántos, extranjeros?
Denuncias por extorsión en Perú
Durante los últimos cinco años (2019-2023), se han realizado unas 47.339 denuncias por extorsión, según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL), de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Entre el 2019 y el 2021 las denuncias registradas cada año por este delito eran menores de 4.500. Se reportaron 3.631 en 2019, 2.668 en 2020 y 4.311 en 2021.
En los últimos dos años, ya se contaban por decenas de miles. La PNP registró, al menos, 15.047 casos de extorsión en 2022 y unos 21.682 durante el 2023, el primer año de la gestión Boluarte.
La mayoría de las regiones que superaron las 1.000 denuncias en el período 2019-2023 son también aquellas que cuentan con mayor cantidad de población. Lima encabeza la lista, con 21.620 casos de extorsión registrados durante esos cinco años.
Le siguen La Libertad (8.111), Piura (3.861) y Lambayeque (1.661). La provincia constitucional del Callao, con casi la misma población que Lambayeque, suma 1.699 denuncias en el mismo tiempo.
Luego continúa Ica, que ha acumulado más denuncias por extorsión en los últimos cinco años (1.586) que Áncash (1.424) y Arequipa (1.060), a pesar de haber tenido menor población que estas dos regiones en el mismo período, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Para Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú en fenómenos criminales, “más denuncias no significan que haya más criminalidad”. Más bien, consideró que un aumento de las denuncias podría visibilizar “delitos que no se habían registrado” y que la población esperaba una respuesta del Estado al respecto.
Resaltó que las denuncias son un subregistro del 14% o 16% de los delitos. “Según la ENAPRES (Encuesta Nacional de Programas Presupuestales), de cada 10 víctimas solo una o dos denuncian. Más o menos, el 14% del total de víctimas denuncia”, calculó el especialista en seguridad, violencia estatal y ciudadanía para Aula Magna 2024.
Detenidos por extorsión en Perú
También en los últimos cinco años, la Policía ha detenido a unas 2.175 personas sindicadas por presunta extorsión. Unas 257 en 2019, 311 en 2020, 436 en 2021, 510 en 2022 y 661en 2023, la mayor cantidad de ellas en Lima. De hecho, la PNP detuvo a 644 ciudadanos (hombres y mujeres) solo en la capital durante el mismo periodo.
Entre 2019 y 2023 más de 1.800 peruanos fueron detenidos por extorsión (1.619 varones y 242 mujeres). En el mismo periodo, la PNP capturó a 313 extranjeros por ese delito.
Respecto a los extranjeros, la mayoría de los detenidos no nacionales en ese periodo eran de Venezuela (214) y de Colombia (94). Además, la PNP detuvo a un estadounidense en 2020, una ecuatoriana en 2021, un español en 2022 y dos cubanos, uno en 2022 y otro el año pasado.
De los venezolanos detenidos por extorsión, casi la mitad fueron capturados en 2023. Se trataba de 100 personas (93 varones y siete mujeres). En 2019 se contaron seis, 12 en 2020, 25 en 2021 y 71 en 2022.
Además, más del 75% de los colombianos detenidos por extorsión en Perú en los últimos cinco años fueron arrestados en 2023. Así, en 2020 hubo un detenido, tres en 2021, 19 en 2022 y 71 en 2023 (68 varones y tres mujeres).
Por otro lado, la cantidad de detenidos en 2023 por este delito representa un porcentaje muy pequeño de su población en el Perú. De los más de 33 millones de peruanos, los 489 detenidos en 2023 son apenas el 0,001%.
Asimismo, los 100 venezolanos arrestados por extorsión en 2023 eran el 0,01% de la población venezolana residente por más de 12 meses en suelo peruano hasta ese año. Y los 71 colombianos detenidos por ese delito el año pasado configuraban el 0,14% de los residentes de esa nacionalidad, de acuerdo con datos del INEI y de la PNP.
Además, la mayor cantidad de detenciones durante estos cinco años se ha dado, de manera más significativa, en Lima (884) y La Libertad (409). Le siguen la provincia constitucional del Callao (140), Lambayeque (128) y Piura (128). Las demás regiones acumulan menos de 100 cada una entre el 2019 y el 2023.
Población penitenciaria por extorsión en Perú
La población penitenciaria incluye a las personas procesadas con medidas de detención (que aún no reciben sentencia) y a las personas sentenciadas. Además, los “delitos de extorsión” abarcan cuatro: extorsión, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa y extorsión agravada en grado de tentativa.
En 2019, se contaron 1.479 personas procesadas y sentenciadas por delitos de extorsión, de acuerdo con la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta cantidad disminuyó a 1.448 en 2020, subió a 1.458 en 2021 y en 2022 alcanzó las 1.556.
Para el 2023, la población penitenciaria por extorsión llegó a 1.828 personas, contando procesados y sentenciados.
Hasta julio de 2024, alcanzó los 2.085, entre peruanos (1.861) y extranjeros (224).
Los peruanos componen el 89,3% de la población penitenciaria por extorsión hasta la mitad de este 2024 y los extranjeros el 10,7%.
Así, el 8% son venezolanos (167) y el 2,5% colombianos (53). El 0,2% restante lo integran un chileno, un argentino y un dominicano procesados en 2024, 2023 y 2022, respectivamente; y un cubano que ya aparece registrado como sentenciado en 2019.
En 2023, el 91,6% de la población penitenciaria por extorsión era de nacionalidad peruana (1.675), el 6,4% venezolana (117) y el 1,8% colombiana (33).
Los peruanos que formaban parte de la población penitenciaria por delitos de extorsión el año pasado representaban el 0,005% de la población peruana de 2023. Asimismo, los venezolanos procesados y sentenciados por extorsión eran el 0,01% de los residentes en Perú por más de un año hasta el 2023. Los colombianos representaban el 0,06% respecto a su población residente en territorio peruano.
En ese sentido, la cantidad de venezolanos y colombianos procesados y sentenciados por extorsión el año pasado es menor respecto a la de peruanos; pero, la proporción respecto a su población residente en Perú en 2023 es levemente mayor.
Si dividimos por situación jurídica, hasta el 2023 eran 763 procesados (en espera de sentencia) y 1.065 sentenciados por delitos de extorsión.
Los procesados incluían a 630 peruanos (82,6% del total de procesados por extorsión) y 133 extranjeros (17,4%). Eran 101 venezolanos (13,2%), 30 colombianos (3,9%) y dos extranjeros más, de República Dominicana y Argentina.
De los sentenciados, 1.045 eran peruanos (98,1% del total de sentenciados por extorsión) y 20 extranjeros (1,9%). Eran 16 venezolanos (1,5%), tres colombianos (0,3%) y un cubano.
A los 1.828 del 2023 se han sumado 186 peruanos (130 procesados y 56 sentenciados), 50 venezolanos (43 procesados y 7 sentenciados), 20 colombianos y un chileno hasta julio del 2024.
Con esos nuevos ingresos, los peruanos componen el 89,3% de la población penitenciaria por extorsión hasta julio de 2024 y los extranjeros, el 10,7%. De estos últimos, 8% son venezolanos, 2,5% colombianos y el resto de otras nacionalidades (0,2%).
Como explicamos, la población penitenciaria está compuesta por procesados con medidas de detención y sentenciados.
Del total de procesados por extorsión (sin sentencia) hasta julio de 2024, el 79,3% son peruanos y el 20,7% extranjeros. El 15% son venezolanos, el 5,3% colombianos y el 0,3% son procesados de otras nacionalidades.
Así también, el 97,7% de los sentenciados por extorsión hasta ese mismo periodo son peruanos y el 2,3% extranjeros. De este grupo, el 2% son venezolanos, 0,2% colombianos y el 0,1% de otras nacionalidades.
¿Qué hacer contra la extorsión?
De acuerdo con Noam López, las medidas dirigidas a fiscalizar la migración no consisten en una medida eficaz contra la delincuencia y, concretamente, contra la extorsión. El politólogo planteó que las instituciones debían «dificultar el trabajo extorsivo” y, para ello, propuso la creación de una sala situacional, con participación de las operadoras de telefonía y las agencias financieras, para identificar a los extorsionadores y sus cuentas.
“Siempre se hacen pedidos de información, el problema es que estas solicitudes demoran mucho tiempo. Las dilatan muchísimo«, refirió López Villanes. Por ejemplo, si un fiscal o un policía pide los datos personales vinculados a un número desde el que se hace la llamada extorsionadora a una operadora, la información puede llegar varios meses después.
Algo similar ocurre con las agencias financieras, que tienen la información sobre las cuentas en las que a veces se deposita el dinero extorsionado. En algunos casos, la información que envían está en un formato poco accesible. Para ello, consideró que se necesitaba la colaboración estrecha de las empresas privadas involucradas.
Movilizaciones contra las extorsiones en Perú en 2024
Las protestas comenzaron antes del último trimestre del año, ante el incremento de amenazas y atentados de los “cobradores de cupos”. El jueves 26 de septiembre se dio el primer paro, en el que participaron unas 2.000 personas, según la Defensoría del Pueblo y al menos 33 empresas de movilidad urbana de Lima y Callao, de acuerdo con RPP.
La segunda movilización, convocada solo por un sector de los transportistas y a la que se sumaron bodegueros y comerciantes, se dio el 10 de octubre. Esa vez, la consigna fue exigir la derogatoria de la Ley 32108, sobre el crimen organizado.
Un tercer paro nacional, convocado por un sector de los transportistas, se realizó el miércoles 23 de octubre. Además de Lima, se registraron movilizaciones en Tumbes, Piura y Huancayo.
