Donald Trump radicalizó su discurso sobre “inmigrantes ilegales” ad portas de las elecciones en Estados Unidos. En esa línea, prometió la deportación masiva de estas personas, a través de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que se aplicó en tiempos de guerra y que exime a las autoridades de realizar un debido proceso en la expulsión de migrantes sin documentación.
Trum apunta contra migrantes en campaña
Durante un mitin en Aurora, estado de Colorado, el republicano insistió, sin pruebas, que el gobierno venezolano estaba expulsando a delincuentes hacia otros países.
“En Venezuela, el crimen ha bajado en 72%, ¿y saben por qué? Porque sacaron a los criminales de Caracas y los pusieron en la frontera. Y si querían regresar, les decían que los iban a matar”, aseguró Trump en la concentración partidaria del 12 de octubre.
Sin embargo, eso es falso. No existe ningún registro —oficial o independiente— que refleje una drástica reducción de la criminalidad, como Checa.pe verificó anteriormente.
“Para acelerar las expulsiones de estas bandas salvajes invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798«, afirmó el expresidente. “Tenemos derecho a desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”, sostuvo. Asimismo, llamó a esta iniciativa de deportación “Operación Aurora”.
¿En qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros?
Esta ley fue promulgada en 1798, durante la “Cuasi-Guerra” o “Guerra sin declarar contra Francia”, como parte de un paquete de cuatro normas que conformaban las Leyes de Extranjería y Sedición. Tres de ellas se derogaron, pero esta no. Se ha utilizado durante conflictos bélicos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
La Ley de Enemigos Extranjeros está ubicada en el Código de Estados Unidos, en el título 50, artículo 21 y se refiere a la restricción, regulación y remoción.
Comienza así: “Siempre que haya una guerra declarada entre los Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o cualquier invasión o incursión depredadora sea perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjero (…) todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil, que sean mayores de catorce años, que se encuentren dentro de los Estados Unidos y no estén realmente naturalizados, estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros (…)”.
Además, continúa la norma, el presidente de EE. UU. está autorizado a establecer el trato a estas personas, “la forma y el grado de restricción a los que estarán sujetos” e, incluso, a disponer la expulsión de aquellos a los que no se les permita residir en el país norteamericano.
Según Just Security, dicha norma no distingue entre los extranjeros informales y aquellos que ya se han regularizado y cuentan, por ejemplo, con residencia permanente.
“La Ley de Enemigos Extranjeros no exige que el presidente establezca o crea siquiera que los no ciudadanos detenidos o deportados representan una amenaza para la seguridad nacional. Más bien, basta con que un no ciudadano haya nacido, tenga pasaporte o resida en el país equivocado”, considera el artículo.
La propuesta de Trump ha sido considerada costosa y difícil de cumplir, de acuerdo con analistas consultados por EFE, debido al alto precio de los vuelos y a la legislación correspondiente a los asilos.