El 3 de diciembre, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció una serie de modificaciones para el régimen migratorio de Argentina. Estas reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei tienen el objetivo de “avanzar hacia un país ordenado”, cuidar sus fronteras y “proteger” a los ciudadanos argentinos.
Adorni se enfocó en reformas relacionadas con tres aspectos: la educación universitaria, la salud pública y los requisitos de ingreso y expulsión para extranjeros.
Educación
Para empezar, propuso que los extranjeros sin residencia en Argentina paguen impuestos por estudiar en las universidades públicas.
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, sostuvo.
Sin embargo, de acuerdo al artículo 23, inciso J, de la Ley de Migraciones argentina (Ley 25.871), los extranjeros que ingresen a Argentina para cursar estudios secundarios, terciarios, universitarios o especializados como alumnos regulares, con autorización para permanecer en el país por un par de años, son considerados «residentes temporarios«.
Por ese motivo, según Público, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, indicó que todos los alumnos tienen condición de residentes.
Pero, de acuerdo con el medio, la Casa Rosada estaría buscando que se cobre a los estudiantes que no tengan la categoría de residencia permanente. Es decir, a los tipos de residencia precaria, transitoria y temporaria.
Salud
La segunda disposición se enfocó en el sector salud. A partir de este cambio en el régimen migratorio, los entes competentes determinarán las condiciones de acceso.
“Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, manifestó Adorni. Según el funcionario, esto iba a implicar un ahorro fiscal.
Estos cobros de atención médica ya se habían implementado de forma autónoma en las provincias de Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy, de acuerdo con Infobae.
Por su parte, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Buenos Aires, resaltó que, en esa provincia, “solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”.
“Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, señaló Kreplak en X.
Ingreso y expulsión
Por otro lado, el gobierno de Milei dispuso la incorporación de más delitos y agravantes tanto para impedir el ingreso al país como para la expulsión del mismo. Por ejemplo, la flagrancia.
“Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o de quienes se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, indicó el portavoz de la Casa Rosada.
“Por supuesto que en los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande una nación con la cultura del trabajo”, admitió Adorni. Pero, “los malandras, los okupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas, del otro lado de la frontera, y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, concluyó.
